El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Eslovaca y la Agencia de Pagos Agrícolas informaron ayer que existen serias sospechas de fraude intencionado en el registro de tierras agrícolas en el Este de Eslovaquia. En este sentido, han presentado una denuncia ante la Procuraduría General y han comenzado a realizar controles mucho más exhaustivos. Así lo han dado a conocer la ministra de Agricultura Gabriela Matečná y el Director General de la Agencia de Pagos Agrícolas Juraj Kozuch en reacción al artículo del periodista de Andrej Bán, del semanario Týždeň.
El semanario advirtió sobre presuntos fraudes en las dotaciones agrícolas, en los que supuestamente estaba involucrada la ex presidenta regional del partido Smer-SD, Ľubica Rošková. La compañía Agro Porúbka, propiedad de la Sra. Rošková, recibió dotaciones por tierras que no posee ni cultiva. Sólo en 2017 la mencionada compañía recibió cerca de 40.000 euros provenientes de los fondos europeos.
En base al artículo publicado, la Agencia de Pagos Agrícolas verificó en el sistema de información todos los pagos directos recibidos por Agro Porúbka e identificó las parcelas a las que se hacía alusión. El análisis detectó que el Instituto de Investigación y Protección del Suelo no había actualizado los ortofotomapas y que había superficies que no tenían que estar en ese sistema.
Una inspección más profunda reveló que Agro Porúbka solicitó ayudas por una superficie total de 470 hectáreas distribuidas en 170 parcelas en el Este de Eslovaquia. "Suponemos que el solicitante debió tener información específica y conocer con precisión el sistema de subvención agrícola. Por eso he presentado una denuncia ante la Procuraduría General sobre un posible fraude y hemos iniciado inspecciones in situ para exigir el reembolso del dinero", afirmó Kozuch.
Según Matečna, pese a que Eslovaquia en el marco de la UE cuenta con uno de los sistemas más severos y realiza una gran cantidad de controles sobre el terreno, hay personas que han podido aprovecharse del sistema de apoyo al sector agrícola. "Inmediatamente después de comprobar las sospechas, di la orden de despedir a las personas del Instituto de Investigación y Protección del Suelo responsables de la gestión del sistema digital LPIS, que es el mapa que se emplea como base para conceder las ayudas directas, y he ordenado el traslado de todo el departamento de geoinformática a la Agencia de Pagos Agrícolas", acotó.
