El Gobierno propone prohibir actividades empresariales a funcionarios públicos

Los funcionarios públicos podrían tener completamente prohibida la realización de actividades empresariales si sale adelante la nueva propuesta de la coalición gubernamental eslovaca que pretende reformar la ley en defensa del interés público en el desempeño de funciones de los funcionaros públicos, que también debería regular las declaraciones de propiedad de los funcionarios públicos, incluida la cuestión de las donaciones o incrementos de propiedad. La reforma de la ley ha venido siendo preparada durante varios meses por un grupo de trabajo, habiendo sido llevada al parlamento por los diputados de SMER-SD, el Partido Nacional Eslovaco (SNS) y Most-Híd. Dado que se trata de una ley constitucional, son necesarios noventa votos, por lo menos, en el Parlamento, para su aporbación. Dado que la coalición gubernamental no los tiene, necesita la ayuda de la oposición. En caso de aprobación, aumentaría el número de funcionarios a los que la ley se referiría, más que ahora. Al grupo que hasta ahora tiene que dar cuenta de sus propiedades, se añadirían también los representantes de empresas con participación mayoría del Estado, incluidas sus filiales. Igualmente, los más altos representantes constitucionales del país y los de las empresas que trabajan con los valores financieros de Estado pasarían a formar parte de ese listado de declarantes. La reforma pretende también legislar en el tema de las propiedades y donaciones. El funcionario público debería en su declaración referir los regalos recibidos, siempre que el valor del mismo sobrepase, multiplicando por diez, el del salario mínimo interprofesional. Igualmente debería indicar la fecha y el tipo de regalo recibido. Así mismo, los funcionarios deberían indicar en su declaración los bienes catastrales, su tipología, el lugar y el número de su registro de la propiedad. También los bienes muebles cuyo valor sobrepase el salario mínimo, multiplicado por 35. Igualmente, entre otras cosas, sucede con los automóviles, en el caso de los cuales deberá indicarse la marca, y el año de fabricación. La reforma propuesta afecta también al incremento de la propiedad que pueda sufrir un funcionario público. Ésta se entiende como la diferencia entre los datos individuales que aparezcan en la declaración escrita. Especialmente los producidos entre el año en el que se valora el incremento y los datos indicados en el año anterior. Igualmente la reforma propone sanciones para los funcionarios públicos. La pérdida de la categoría funcionarial podría aplicarse en caso de repetición de un incumplimiento de las obligaciones durante el mismo periodo anual. Por último, otra de las novedades que aporta la reforma a la ley sería la posibilidad de poder realizar la declaración de bienes de forma electrónica. Y el plazo para realizarla: si hasta ahora era la fecha límite finales de marzo, ahora será a finales de abril.