Casos de licitaciones públicas como el peaje de las autopistas, la venta de la cuota de emisiones de CO2, la malla de platino o la compra de equipos de Tomografía Axial Computarizada mostraron sólo la punta del iceberg de negocios turbios con el Estado. En todos ellos figuraban compañías registradas en apartados de correos o de las que se desconocía quienes eran sus propietarios.
A partir de ahora, si la empresa no revela quién es su verdadero propietario o se descubre que la misma está vinculada a una empresa con domicilio en un apartado postal, no podrá participar en licitaciones estatales.
Se estima que con la nueva norma el Estado consiga ahorrar cientos de millones de euros, que bien podrían ser destinados a Sanidad y Educación.
El anteproyecto de ley contra empresas registradas en apartados de correos, presentado por la ministra de Justicia Lucia Zitňanska, ha sido aprobado en primera lectura en el Parlamento y, si llega a buen puerto como es de suponer, entraría en vigor en enero de 2017.
La ley, que se apoyará además en un nuevo registro de socios, ha sido redactada con la intención de luchar eficazmente contra prácticas desleales, cuando surgen sospechas de que alguna empresa que hace negocios con el Estado pudiera estar vinculada a testaferros o a sociedades registradas en paraísos fiscales.
Desde este momento, todas las empresas que quieran acceder a recursos económicos del Estado o a fondos comunitarios tendrán que dar a conocer su estructura de propiedad completa, incluida la del usuario final de los beneficios.
Al mismo tiempo la ley introduce la obligatoriedad, tanto para personas físicas como para personas jurídicas, de inscribirse en el registro de socios del sector estatal. Este registro será público, lo cual quiere decir que cualquier ciudadano, experto o medio de comunicación podrá consultarlo libremente.
El sector estatal destina cada año cerca de 7.000 millones de euros para la compra de productos y servicios.
Las personas físicas o jurídicas podrán ser inscritas en el nuevo registro de socios del sector público por abogados, notarios, bancos, asesores o auditores fiscales. Estas personas autorizadas, que registran los datos en nombre del socio de la administración pública y tienen la responsabilidad de mantenerlos constantemente actualizados, podrían ser sancionadas con multas de entre 10.000 euros y un millón si cometen alguna irregularidad. El socio registrado correrá también el mismo riesgo de ser multado.
Si se demuestra que la empresa beneficiaria de dinero público ha dado información falsa sobre su estructura de propiedad, el Estado podrá denunciar inmediatamente el contrato con dicha empresa.
La oposición ha criticado el anteproyecto de ley alegando que será un obstáculo burocrático más para aquellos que llevan a cabo su actividad empresarial de manera honesta, pero algunos diputados opositores han dejado entrever que votarán a favor de éste en segunda lectura.
La ministra Lucia Žitňanska asevera que el espíritu de la ley no es cambiar el trabajo de la policía o de la fiscalía, sino que haya la mayor transparencia posible en los negocios entre el Estado y las empresas.
