La Defensora del Pueblo lleva al Constitucional la nueva Ley contra la Exclusión Social

La Defensora del Pueblo lleva al Constitucional la nueva Ley contra la Exclusión Social

La Defensora del Pueblo de la República Eslovaca Jana Dubovcová presentó el viernes pasado oficialmente una querella ante el Tribunal Constitucional de nuestro país contra la nueva versión de la Ley contra la Exclusión Social. Según sus palabras, la ley enmendada recientemente por el partido Smer-SD, es inconstitucional y de forma indirecta discriminatoria porque promueve la represión, introduce el llamado “trabajo forzado“ y discrimina a la minoría romaní.

La Ley contra la Exclusión Social, añadió Dubovcová, no regula lo que debe regular, es decir, los requisitos necesarios para otorgar y conceder a alguien una cantitad mínima de recursos económicos para que éste pueda asegurar y cubrir sus necesidades básicas. El Ministerio eslovaco de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales argumenta que el texto de la moción constituye una herramienta para reducir el número de personas que reciben ayuda social. Según las palabras de la actual Defensora del Pueblo eslovaca, la nueva versión de la ley antes mencionada infringe la dignidad de las personas porque admite rechazar conceder una de las ayudas sociales por ciertas razones supuestamente discriminatorias. Además, Dubovcová considera como relevante una de las objeciones presentadas por un grupo de diputados a la Asamblea Nacional eslovaca, según la cual, la susodicha ley introduce el llamado “trabajo forzado“. Según el experto de la Oficina de la Defensora del Pueblo y especialista en derecho constitucional Peter Kresák, el problema de la nueva versión de la ley antes mencionada consiste también en que no define exactamente qué tipo de trabajo uno debe realizar para poder recibir ayuda social y por eso crea condiciones para ser violada en el futuro. Además, la Defensora del Pueblo de la República Eslovaca Jana Dubovcová está convencida de que también el número de horas trabajadas necesarias para poder recibir ayuda social mínima resulta ser discriminatorio e inproporcional. A decir del ministro eslovaco de Asuntos Sociales Ján Richter, esta legislación está en concordancia con la Constitución eslovaca y hay que esperar por la decisión final del Constitucional.

 

Peter Sabaček

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