El Tribunal del distrito Bratislava I ha condenado a la pena de 6 meses de privasión de libertad a un jubilado por haberse comido tres uvas por un valor total de 10 céntimos de euro en un supermercado de la capital. El anciano, en el pasado, ya había sido penalizado por igual delito.
Como lo informó el portavoz del Tribunal regional de Bratislava, Pavol Adamčiak, el condenado se encuentra cumpliendo condena en una carcel de segundo grado de seguridad. Acorde con la querella, el jubilado se había comido tres uvas moradas por valor de 10 céntimos de euro y la compaňía administradora del supermercado no reportó ningún daňo significativo. Sin embargo, el anciano había cometido el mismo delito en 2012 y en consecuencia también en 2013 había sido condenado a prisión incondicional. “Este es el resultado de las modificaciones legislativas realizadas por el ex ministro de Justicia Daniel Lipšic. Según esta normativa, si se reincide tres veces en la infracción de una ley por la que normalmente se aplica una multa (o dos veces dentro de un aňo), dicha infracción se recalifica como delito y la persona puede ser condenada incluso hasta por 2 aňos de privación de libertad. En este caso el juez no tiene otra opción que dictaminar la sentencia“, explicó Alexander Filo, abogado defensor del jubilado, que además afirmó que la enmienda introducida en 2003 por el entonces ministro incluía varios procedimientos y castigos que representan para el Estado más pérdidas que beneficios. Las estadísticas confirman que los gastos diarios por cada reo son de casi 38 euros. Una parte de estos, calculada en base a diversos criterios, la debe pagar el propio reo. Es decir, la estancia del mencionado jubilado en la carcel supondrá un gasto de 7.000 euros, de los cuales este deberá pagar una parte. Además Eslovaquia continúa figurando entre los países con mayor demora infundada en los procedimientos jurídicos. El aňo pasado el Tribunal Consitucional de la República Eslovaca, con sede en Košice, detectó un retraso infundado de la sentecia en 34 casos. El Estado tuvo que pagar por la demora excesiva de los procesos penales hasta 214.900 euros. Mientras que la duración promedia de los casos demorados oscila entre 13 y 26 aňos, el record lo tiene uno cuya sentencia se demoró 30 aňos.
