El parlamento aprobó la enmienda del Código Civil que tiene como objetivo minimizar las prácticas de usura utilizadas por algunas instituciones financieras no bancarias. Las modificaciones legislativas también se producirán en el Procedimiento de Ejecución por deuda, en la Ley de subastas voluntarias, en la Ley sobre el control estatal del mercado interno en cuestiones de protección del consumidor y la Ley de crédito al consumo.
Los cambios se refieren a cinco áreas. Ante todo, por primera vez desde el aňo 1963 el Código civil definirá lo que es usura. Entonces será más fácil distinguir si se trata de usura o no. En caso de que ésta se confirme, todos los contratos que se deriven del préstamo inmediatamente dejarán de tener validez. Además, durante la firma del contrato debe estar claro que nadie se ha abusado de la confianza, de la inexperiencia, de la alteración emocional o de la dependencia financiera de la contraparte. También han sido modificadas las condiciones de los procedimientos de ejecución de deuda y, en consecuencia, las subastas se podrán realizar solo cuando la deuda de la persona física supere los 2000 euros. Los bienes inmobiliarios no podrán ser confiscados al deudor si estos ejercen de domicilio permanente o temporal. Igualmente no será posible sacar a subasta los coches empleados por personas discapacitadas o vehículos necesarios para el cumplimiento de las prestaciones laborales. En la subasta de bienes inmobiliarios confiscados deberá ser tomada en consideración los precios de estos en el mercado y no los de compra. Así pues, el perito ya no podrá vender un piso a la mitad del precio real. Las demás novedades tienen que ver con el tope máximo de remuneración por conceder un préstamo. Éste debería corresponder al valor doble de la tasa de interés promedio actualmente prestada por las instituciones bancarias. Los créditos al consumo se podrán conceder exclusivamente a través de transferencias y no en efectivo. Entonces no podrá darse el caso que la cantidad de dinero prestada realmente difiera de la escrita en el contrato. Los ejecutores judiciales no podrán bloquear la cuenta completa, sino sólo el importe de la deuda en cuestión. Las reglas más rigurosas afectarán la inscripción de las entidades acreedoras en el registro mercantil. Los que deseen realizar esta actividad tendrán que demostrar que tienen estudios universitarios, que tienen como mínimo 5 aňos de experiencia en el sector bancario y no tienen antecedentes en el registro de la Inspección Comercial Eslovaca o problemas con otras instituciones de la administración estatal.
