Eslovaquia anuncia la realización de la prueba de COVID-19 a toda su población

En una reunión extraordinaria celebrada ayer domingo, el Gobierno eslovaco anunció que ha encargado a las Fuerzas Armadas del país la preparación e implementación de pruebas sobre el coronavirus en todo el territorio nacional, según un plan para el que se prepara desde hace ya tres semanas. Para esta operación, las FF.AA destinarán a unos 8.000 miembros. Según la decisión gubernamental, deberán realizarse la prueba todos los habitantes de Eslovaquia mayores de 10 años. Las mismas serán realizadas durante los dos primeros fines de semana de noviembre, el del 31 de octubre y 1 de noviembre, y el siguiente, siguiendo un sistema similar al de las elecciones. El anterior, el 23 y 25 de octubre, será practicada una prueba piloto en aquellos distritos del país donde el virus se transmite con más virulencia, concretamente en los de Tvrdošín, Námestovo y Dolný Kubín y también el de Bardejov, si se dispone de la suficiente capacidad. Según la información recogida hasta el momento, los lugares de recogida de las muestras se equiparán de manera que se garantice el cumplimiento de todas las medidas higiénicas necesarias para limitar la propagación del coronavirus. Los equipos que realizarán las pruebas estarán dirigidos por soldados profesionales e incluirán a miembros también de la policía, personal sanitario cualificado, y también administrativo. Con todo, será únicamente el personal médico, debidamente capacitado, el encargado de realizar la recogida de muestras. También las diferentes administraciones regionales participarán en la organización. Con todo, hasta el momento no está claro si la realización de la prueba será obligatoria o voluntaria. Por otra parte, Martin Strižinec portavoz de la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová explicó que la más alta representante del Estado no fue previamente informada de la decisión de llevar a cabo estas pruebas masivas. Al respecto reconocía saber únicamente lo que se dio a conocer en la rueda de prensa. Su intención, explicaba, es, en primer lugar, la de informarse de su realización y sentido a través de diversos especialistas antes de efectuar una valoración. Igualmente, Čaputová añadía que un plan de estas dimensiones debe de ser hecho público de forma que no comporte más preguntas que respuestas. El Gobierno ha comprado para ello 13 millones de pruebas rápidas de antígenos, que han supuesto un desembolso para las arcas del Estado de 52,3 millones de euros, antes de IVA.