Los herederos del fundador de una de las empresas más importantes de calzado en el mundo, Jan Antonín Baťa, solicitaron oficialmente, en septiembre de 2013, una indemnización económica al estado eslovaco por la nacionalización de sus bienes en Checoslovaquia, después del año 1945. Ello ocurrió como consecuencia de que Eslovaquia había abolido la pena impuesta a Jan Antonín Baťa por su supuesta colaboración con el régimen nazi.
Tal y como el ministerio de Finanzas informó en el mes de abril, ha detenido el procedimiento en este asunto, dado que no ha recibido a tiempo la documentación necesaria. La portavoz del ministerio Alexandra Gogolová: “Se trata de la documentación que comprobaría que los solicitantes son los participantes legítimos del procedimiento.“ Según la información publicada en el períodico Pravda, el ministerio emprende pasos para participar en este asunto de manera activa, tal, que consiga la autorización para presentar la objeción contra el veredicto del tribunal departamental, el que decidió que Ján Antonín Baťa no había colaborado con el régimen nazi. El ministerio no ha comentado esta información, Alexandra Gogolová sólo dijo al respecto: “Hacemos todo lo necesario para proteger a los ciudadanos eslovacos.“ En juego está una cifra alrededor de mil millones de euros y los familiares de Baťa no pretenden renunciar a sus intereses. Su abogado Tomáš Pecina ha interpuesto un recurso procesal contra la decisión del ministerio de Finanzas de detener el procedimiento. “Si no nos satisfacen, de nuevo dirigiremos al ministerio la solicitud de indemnización con la documentación que hemos conseguido“, ha declarado Pecina. El juez de Tribunal Departamental de Bratislava I que decidió sobre la abolición de pena impuesta a Ján Antonín Baťa, acción que posteriormente permitió a los Baťa exigir los bienes de sus antepasados, tendrá que enfrentarse a un procedimiento disciplinario. El ministro de Justicia Tomáš Borec ha propuesto separarlo de sus funciones. Varios juristas coinciden en que en realidad el tribunal departamental no estaba autorizado para decidir en un asunto de tanta importancia y que es solamente el Tribunal Constitucional el que puede emitir tal sentencia.
