La declaración del estado de emergencia podría ser anticonstitucional

El fiscal general, Maroš Žilinka, propone indagar sobre la constitucionalidad de las restricciones a los derechos básicos tras la prolongación del estado de emergencia. Žilinka presentó el pasado martes la propuesta para iniciar el procedimiento judicial que permita averiguar si la decisión gubernamental de prolongar el estado de emergencia está en concordancia con la Constitución. Žilinka considera necesario someter al test de proporcionalidad algunas partes de la resolución del Gabinete. "Hemos de investigar si las restricciones de los derechos humanos básicos, por ejemplo la prohibición de salir a la naturaleza sin una prueba negativa de Covid-19, son de verdad necesarias para lograr el objetivo por el que han sido introducidas. También hemos de indagar si podemos considerar la involuntaria participación en las pruebas de Covid-19 como una restricción adecuada en relación con la meta deseada", explicaba Žilinka. Según sus palabras la prohibición de movimiento influye en muchas otras libertades. El portavoz de la Fiscalía General, Dalibor Skladan, precisaba: "Se trata por ejemplo del derecho de aprovechamiento de propiedades situadas fuera del propio distrito de residencia, la libertad de confesión, ya que no es posible tomar parte en ceremonias religiosas, el derecho de reunión que abarca también el derecho de reunirse con fines deportivos y otras actividades de ocio. Otro derecho restringido es el ejercicio de actividades empresariales, tras haber sido cerradas tiendas, restaurantes y muchos otros servicios". Žilinka insiste en someter al test de proporcionalidad también la prohibición de viajar al extranjero con fines recreativos. A pesar del hecho de que ha iniciado dicho procedimiento judicial, el Gobierno ayer aprobó que los ciudadanos no pueden salir a la naturaleza después de las 8 de la tarde, ni con una prueba negativa de Covid-19, y al extranjero no es posible ir ni entre la 1 y las 5 de la madrugada, espacio de tiempo, durante el cual antes se permitía el libre movimiento. El ministro transitorio de Sanidad, Eduard Heger, ha declarado que no puede imaginarse que la prolongación del estado de emergencia sea considerada como anticonstitucional. Heger repite que el Gobierno ha decidido sobre su prolongación con el fin de proteger la salud pública y que su cancelación conllevase una alta movilidad de la gente. "No se trata de una decisión política de que nos convenga encerrar a la gente, como lo presenta la oposición, sino de una decisión basada en el número de contagiados", acotaba Heger.