El Gobierno ha aprobado una enmienda de Ley, según la cual el agua será oficialmente declarada materia prima estratégica y será obligatorio manejarla en concordancia con los intereses nacionales. La exportación del agua tendrá que ser aprobada por el Estado y el permiso de extracción de agua estará restringido a 10 aňos como máximo. El ministro de Medio Ambiente Peter Žiga ha presentado esta enmienda a pesar de que hasta ahora ninguna empresa extranjera ha mostrado su interés en negociar con el agua. Los activistas ecológicos sospechan que será precisamente esta ley la que posibilitará manipular con el agua como con una mercancía y exportarla.
Hasta ahora nuestra legislación no ha fijado las condiciones de su exportación, lo que el ministerio de medio ambiente considera como una base para negociar con el agua sin ninguna restricción. Según la normativa de su taller, los empresarios tendrían que informar al Ministerio sobre los detalles de su planeado negocio y también tendrían que presentar un informe sobre el depósito de agua potable en la población respectiva. Peter Žiga asevera: “Hay riesgo de que en el futuro no haya suficiente agua, por ello hemos preparado una ley que permita al Gobierno prohibir o restringir la exportación de esta valiosa materia prima.“ Por el contrario, Elena Fatulová del movimiento cívico Global Water Partnership opina que el Estado mediante esta ley dará luz verde al comercio de agua: “Hasta ahora no se han realizado negocios de este tipo, dado que no es nada fácil. Es que el agua está protegida por la Constitución de igual manera como los recursos minerales.“ A su modo de ver, lo justo sería si el Gobierno prohibiera la exportación del agua por completo. Los miembros de Nova, partido de oposición, también critican la mencionada normativa, diciendo que surge un gran riesgo de que el Gobierno otorgue autorizaciones de negociar con el agua sólo a ciertos grupos de intereses. Elena Fatulová precisa que el agua ha sido declarada valor básico por la Comisión Europea y como tal no es posible convertirla en una mercancía. El portavoz del ministerio Maroš Stano se opone: “Según la legislación vigente, seguramente podemos calificar como mercancía el agua separada de su origen y que es posible transportar. Lo significa que el Estado en este momento no protege sus depósitos de agua, lo cual es precisamente lo que intentamos cambiar con esta Ley.“ El portavoz de compaňías de agua Zenón Mikle piensa que resulta muy improbable que alguien se interese en emprender en este ámbito. A su decir, nuestros vecinos disponen de suficientes recursos hídricos y para exportar el agua a los países árabes sería problemático asegurar el transporte. Mikle aňade que lo que le falta a la ley es que no introduce la obligación de examinar constantemente el estado de las reservas hídricas del país. Elena Fatulová agrega: “No hay datos sobre las reservas hídricas de nuestro país, pero sí sabemos sobre el alarmante empeoramiento de la calidad de aguas subterráneas en Žitný ostrov, el mayor depósito de agua potable en Europa Central“. Si el Parlamento aprueba esta controvertida Ley, esta entrará en vigor el 1 de octubre de este aňo.
