El fiscal general de la República, Maroš Žilinka, ha calificado de intencionada la demanda interpuesta por la presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, ante el Tribunal Constitucional de la República Eslovaca sobre la interpretación de la Constitución en lo referente a las actividades del fiscal.
“Creo que la propuesta tiene un propósito concreto y que la disputa sobre la interpretación de las disposiciones de la Constitución ha sido creada artificialmente", afirmó Žilinka en rueda de prensa. En opinión del fiscal general, se trata de una continuación de las presiones, además del cuestionamiento y descrédito de su persona.
La jefa de Estado solicitó al Tribunal Constitucional que ofreciera su interpretación de la Carta Magna, después de que el fiscal general se negara a proporcionarle un informe de las decisiones de la Fiscalía General con arreglo a las disposiciones del artículo 363 del Código Penal.
Žilinka asevera que, tras la solicitud de la presidenta, le pidió a esta una audiencia, pero que no recibió respuesta de ningún tipo. Señaló que nunca ha tomado una decisión de lo dispuesto en el artículo 363 sobre la base del nombre, apellido o status del procesado.
“El fiscal general no es un subordinado del presidente de la República", señaló Žilinka, agregando que el presidente del país ni siquiera es un órgano encargado de hacer cumplir la ley.
El portavoz presidencial Martin Strižinec en respuesta a la declaración del fiscal general ha dicho: “La intención de la presidenta Zuzana Čaputová al dirigirse al Tribunal Constitucional es la resolución de cuestiones constitucionales controvertidas, independientemente de la persona del fiscal general”.
Según Strižinec, la presidenta aborda el tema de la aplicación del artículo 363 del Código Penal de manera objetiva y profesional.
