Las máximas autoridades constitucionales del país tendrán derecho a una vivienda y una pensión vitalicia en función de ciertas condiciones y se introducen nuevos motivos que prohibirán las reuniones. Así se desprende de la llamada Ley sobre atentados, es decir, la ley que busca mejorar la situación de seguridad en el país, y que el lunes fue firmada por el presidente eslovaco Peter Pellegrini. La nueva legislación entrará en vigor el 15 de julio.
A partir de ahora están prohibidas las reuniones cerca de la residencia de una persona cuyo empleo, profesión o función esté directamente relacionada con el propósito de la reunión y el convocante no estuvo de acuerdo con el cambio de ubicación. También estará prohibido reunirse en un área destinada principalmente a vivienda y que no sea una plaza, parque, mercado u otro lugar similar y pueda interferir con el derecho a la privacidad.
La prohibición de reuniones se aplicará también en un radio de 50 metros desde la sede del Presidente de la República, del Gobierno o del Tribunal General. Se prohibirá una reunión durante la cual pueda producirse un enfrentamiento con los participantes de una reunión previamente anunciada, y como consecuencia de ello no se pueda garantizar el desarrollo ordenado y pacífico de estas reuniones, ni se logre un acuerdo entre los convocantes sobre la adecuación del horario o lugar de la reunión. La policía estará obligada a informar al ayuntamiento sobre los motivos específicos para prohibirla.
El jefe de Estado, el presidente del Parlamento y el primer ministro tendrán derecho a una vivienda adecuadamente equipada.
En lo concerniente a la pensión vitalicia, en el caso del presidente, la condición para tal derecho estará vinculada a la duración de su mandato. Tanto el primer ministro como el presidente del Parlamento que desempeñe sus funciones por un período dos veces mayor que el del jefe de Estado, también tendrá derecho a una pensión vitalicia.
El Ministerio del Interior se encargará de garantizar la vivienda de las tres máximas autoridades constitucionales.
Asimismo, se brindará protección a todos los líderes de partidos y movimientos políticos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones, siempre y cuando sean miembros del Parlamento y no se le conceda protección debido al desempeño de otra función. Igualmente, tendrán protección el Fiscal General y el Presidente del Tribunal Constitucional de la República.
El Ministro del Interior dispone hasta el 12 de septiembre para analizar los procedimientos vigentes en relación con la protección de funcionarios constitucionales y determinados inmuebles.
