La Comisión Europea (CE) ha propuesto que los países miembros de la UE se repartan en los próximos dos años los 40.000 demandantes de asilo que han llegado desde abril a Italia y Grecia, países que sufren un elevado flujo de refugiados. Para el reparto, Bruselas ha fijado unas cuotas que tienen en cuenta cuatro criterios: población, PIB, paro y asilados acogidos en los últimos cinco años. Con esos cálculos, a Eslovaquia le coresponderría un 1,96% de los reasentamientos, o sea tendría que acoger en su territorio a 785 refugiados solicitantes de asilo, provenientes de Siria y Eritrea. El proceso, aunque no sea voluntario, estará financiado por la UE, que ha movilizado para estos fines 290 millones de euros. Nuestro país, al igual que el resto de los estados miembros, recibirá 6.000 euros por cada persona que acoja, y podrá decidir, tras estudiar la demanda, si les otorga o no el estatuto de refugiado. En total serán 4,71 millones de euros que estarán destinados a cubrir los gastos de reubicación de los refugiados sirios y eritreos en nuestro territorio.
Diversos países se han mostrado en contra de estas cuotas. Los líderes políticos eslovacos también se han opuesto a ello. La decisión de Bruselas no le ha sentado bien al jefe de Gobierno, Róbert Fico, que en las últimas semanas ha manifestado su desacuerdo con la iniciativa de la CE. "La llegada masiva de refugiados a Europa, que no vienen sólo con el objetivo de encontrar empleo sino de promover el terrorismo, representa una seria amenaza para la seguridad europea", añadió.
Además, recordó que Eslovaquia no va a eludir su responsabilidad o la solidaridad europea. "Nos opondremos buscando la mejor solución para todos los involucrados", recalcó. El ministro del Interior, Róbert Kaliňák, también reaccionó criticando la propuesta que, según su opinión, facilitará el comercio ilegal y la inmigración masiva de África, con la posibilidad de causar más tragedias en el Mediterráneo.
Para sacar adelante esta propuesta en el Consejo Europeo se necesita una mayoría cualificada. Si la iniciativa de la Comisión recibe el visto bueno del Consejo en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, en junio, las cuotas para el reparto de los 40.000 serían obligatorias.
