El protagonista en ambas causas vuelve a ser nuevamente el jefe de Estado, sólo que en esta oportunidad no se trata del expresidente Ivan Gasparovic sino de su sustituto en el cargo, Andrej Kiska.
La razón es que el presidente Kiska considera que el dictamen oral y el escrito de la sentencia emitida por el tercer senado del Constitucional difieren y, basándose en ese argumento, ha presentado un recurso ante el TC solicitando que este unifique ambas interpretaciones.
Anna Pančurová, portavoz de TC, ha confirmado la noticia pero no ha sido capaz de aclarar de qué manera actuará el senado.
Recordemos que el tercer senado del Tribunal Constitucional en marzo decretó que el jefe de Estado había violado el derecho de tres candidatos y que tenía que llevarse a cabo otra votación. En respuesta, el presidente dijo que no podía hacerlo porque los argumentos expuestos por el propio senado se lo impedían.
Ante una situación que se da por primera vez en nuestro país, la reacción de los expertos en derecho constitucional no se ha hecho esperar.
El abogado constitucional Eduard Barany afirma que el presidente con el recurso que ha presentado no conseguirá retrasar el nombramiento de los magistrados y que en todo esto lo único que ve es un intento por evadir el cumplimiento de la sentencia del senado. "Este es un asunto cerrado. No creo que haya nada que tenga que ser corregido o cambiado. La resolución del senado ha sido unívoca", concluyó.
Ján Drgonec, exmagistrado del Constitucional, alega que a pesar de que la sentencia del senado ha sido pésima, ésta es ejecutable. "El presidente puede ejecutarla fácilmente. El senado no ha dicho lo que se debe hacer, por tanto el presidente no está obligado a elegir a ninguno de los jueces que desestimó si en cada caso expone razones convincentes que justifiquen su decisión", aňadió.
Marian Giba, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comenius, asegura que si el pleno del Constitucional, por la razón que sea, no consigue resolver las diferencias existentes, entonces debería implementarse la interpretación jurídica del tercer senado, lo que en la práctica quiere decir que el jefe de Estado estaría obligado a elegir a los dos magistrados que faltan entre los cinco que propuso en su momento la Asamblea Nacional.
