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Zuzana Čaputová, la primera mujer que se ha convertido en la Jefa de Estado en la historia de nuestro país, termina hoy su mandato presidencial. Al mismo tiempo se ha convertido en la mandataria más jo ...
Ayer el Gobierno aprobó el proyecto de la ley sobre determinadas medidas para mejorar la situación de la seguridad en la República Eslovaca, llamada lex atentado. Según esta enmienda serían prohibidas las protestas masivas organizadas en un radio de 50 metros de la sede Presidencial, del Gobierno o del Tribunal General. En el caso del Tribunal Constitucional, la prohibición de concentraciones debería aplicarse en un radio de 100 metros de su sede. El Gobierno propone que el Parlamento apruebe esta enmienda en un procedimiento legislativo abreviado. El viceprimer ministro Robert Kaliňák explica que el objetivo de la ley es calmar la situación en los lugares donde tengan lugar las protestas. Recuerda que los ciudadanos tienen garantizado constitucionalmente el derecho de reunión pacífica, pero que a menudo se cometen errores. También podrían añadirse nuevos motivos para prohibir la reunión. Se podría impedir una reunión si se celebrara cerca del domicilio de una persona cuya ocupación, profesión o función estuviera directamente relacionada con el objetivo de la reunión y el convocante no hubiera aceptado un cambio de lugar. Esto impediría las reuniones "bajo la ventana de la persona en cuestión". Tampoco deben celebrarse protestas cuando exista el temor de que los participantes en varias concentraciones concurrentes se enfrenten y no se garantice así su desarrollo ordenado y pacífico. Kaliňák recuerda que este cambio debería introducir tareas a la policía y los municipios. "Deben analizar las solicitudes de protesta y ser capaces de apartar unas de otras si éstas entran en conflicto o prohibirlas", alegaba Kaliňák. De dicha enmienda se desprende que el Presidente, el jefe del Parlamento eslovaco y el Primer Ministro deben tener derecho a "bienes inmuebles razonablemente amueblados". Antes del 12 de septiembre se elaborará una lista de inmuebles específicos aptos para el alojamiento de funcionarios constitucionales, que serán adecuados desde el punto de vista de la seguridad. "Si el Ministerio del Interior evalúa que algún alojamiento concreto entre los considerados cumple los requisitos de seguridad, el funcionario constitucional estará obligado a utilizar dicho alojamiento por razones de seguridad", dice el Ministerio de Defensa. El Gobierno propone además que el derecho a un salario vitalicio igual al de un miembro de la Asamblea Nacional corresponda no sólo al Presidente, sino también al Presidente del Parlamento y al Primer Ministro. Se les debería conceder tras cumplir al menos dos legislaturas completas e ininterrumpidas en el Parlamento.
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